Un memorando filtrado de Estados Unidos incluye a cuatro Estados caribeños de ciudadanía por inversión en una lista de vigilancia para vetos de viaje

Durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025, The Washington Post y Reuters informaron sobre un cable interno del Departamento de Estado de Estados Unidos, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, que enumera 36 países cuyos ciudadanos podrían enfrentar restricciones totales o parciales para ingresar a Estados Unidos. Cuatro de los cinco países del Caribe que venden ciudadanía por inversión figuran en él: Antigua y Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. También están Vanuatu y Santo Tomé y Príncipe, que asimismo tienen programas de ciudadanía para inversionistas.

No se ha decidido nada. Pero para los titulares de estos pasaportes, y para quienes los están considerando, es la señal más clara hasta ahora de que Washington ve la ciudadanía vendida sin residencia como una cuestión de seguridad.

Qué dice el cable

Según los informes, el Departamento de Estado describe a los 36 como países que generan preocupación y les pide que adopten medidas correctivas. Si no cumplen ciertos parámetros y requisitos en un plazo de 60 días, sus nacionales podrían enfrentar una suspensión total o parcial del ingreso. El cable enumera las preocupaciones que motivaron la revisión, aunque aclara que no todas se aplican a todos los países:

• La falta de una autoridad gubernamental competente o dispuesta a cooperar que pueda emitir documentos de identidad confiables, o dudas sobre la seguridad del pasaporte del país.
• La negativa a cooperar en la recepción de nacionales cuya expulsión ha ordenado Estados Unidos.
• Altas tasas de permanencia más allá del plazo autorizado por la visa.
• Nacionales involucrados en actividades terroristas en Estados Unidos, o en actividades antisemitas o antiestadounidenses.
• En el caso de los países con ciudadanía por inversión, IMI Daily, una publicación especializada en migración por inversión, informa que el memorando menciona de manera explícita la disponibilidad de la ciudadanía mediante inversión monetaria sin requisito de residencia.

La preocupación es fácil de explicar. Si una persona que no pudo obtener una visa estadounidense con su pasaporte original puede comprar una ciudadanía del Caribe o del Pacífico, podría volver a intentarlo con la nueva. Los informes también sugieren que los países pueden atenuar las preocupaciones de Estados Unidos si aceptan recibir a nacionales de terceros países deportados desde Estados Unidos, o si firman un acuerdo de tercer país seguro, en virtud del cual los solicitantes de asilo pueden ser enviados a ese país para pedir protección allí.

De dónde surge

El cable sigue a una proclamación firmada por el presidente Trump el 4 de junio de 2025, que prohibió por completo el ingreso de nacionales de 12 países y restringió parcialmente el de otros siete, ninguno de ellos del Caribe. En marzo, The New York Times y Reuters habían informado sobre un borrador anterior que ubicaba a los mismos cuatro países caribeños en un nivel intermedio, con 60 días para responder. La embajada de Antigua y Barbuda envió entonces una nota formal al Departamento de Estado en la que expresaba su profunda preocupación y subrayaba que su programa evalúa a los solicitantes a través de organismos internacionales, entre ellos INTERPOL, y sigue la política de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El primer ministro Gaston Browne afirmó que una revisión objetiva no encontraría motivos para restringir los viajes desde el país.

Granada, el quinto programa caribeño, no figura en la lista.

Lo que aún no está claro

Mucho. La Casa Blanca y el Departamento de Estado no han dicho cuándo entrarían en vigor las restricciones, qué categorías de visa abarcarían ni qué debe hacer exactamente cada país para salir de la lista. Los funcionarios han descrito el proceso como una revisión, y la lista podría cambiar antes de que algo llegue al presidente. Proclamaciones anteriores han exceptuado a los residentes permanentes de Estados Unidos y a quienes ya tenían visa, pero nada de esto se ha confirmado para esta ronda.

Los gobiernos involucrados tienen ahora un margen breve. Los Estados del Caribe ya están terminando de crear un regulador regional común, adoptaron un precio mínimo compartido de US$200,000 y han hecho de las entrevistas una práctica habitual. Antigua y Barbuda incluye un requisito de residencia en su ley. Lo más probable es que el resultado dependa de la rapidez con que puedan demostrarle a Washington controles de identidad más estrictos y un mejor intercambio de información.

Qué significa si tiene o está considerando la ciudadanía de Antigua y Barbuda

Por ahora nada ha cambiado: los ciudadanos antiguanos todavía pueden solicitar visas estadounidenses, y las visas ya emitidas siguen siendo válidas. Además, la mayoría de los ciudadanos por inversión conservan su nacionalidad original y pueden seguir usando ese pasaporte para viajar a Estados Unidos.

La lección práctica tiene que ver con las prioridades. Si el acceso fácil a Estados Unidos es su principal motivo para tener un segundo pasaporte, los próximos 60 días son importantes y quizá convenga esperar. Si sus objetivos son un Plan B para la familia, una definición amplia de familia y viajar a otros destinos, el atractivo de Antigua va más allá del acceso a Estados Unidos. Ayudamos a nuestros clientes a sopesar estas ventajas y desventajas con honestidad, presentamos las solicitudes a través de agentes autorizados con el apoyo de nuestro equipo local y le entregamos por escrito una cotización de nuestros honorarios.

Este artículo es información general, no asesoría legal, fiscal ni de inversión.