Turquía tiene desde hace tiempo uno de los programas de ciudadanía por inversión más grandes del mundo por número de solicitantes. El 4 de agosto de 2026, su Ministerio del Interior dio a conocer que 6,134 personas que obtuvieron la nacionalidad turca a través del programa han visto su ciudadanía anulada o revocada. Ese mismo día, el ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció un operativo policial contra redes acusadas de simular las inversiones en las que se basaban algunas de esas solicitudes.
La cifra principal suena drástica y merece contexto. Es una cifra acumulada a lo largo de toda la vida del programa, incluye a los familiares además de los inversionistas, y la mayoría de los casos corresponden a un período anterior con controles mucho más débiles.
Qué anunció el ministerio
Según el ministerio, las 6,134 personas están vinculadas a 1,413 inversionistas principales, divididos en dos grupos:
- Operaciones fraudulentas. 1,150 inversionistas, y 5,391 personas en total al contar a cónyuges e hijos, perdieron la ciudadanía después de que las inspecciones detectaran operaciones inmobiliarias colusorias o irregulares. Se anularon sus certificados de idoneidad de la inversión, la confirmación oficial de que se realizó una inversión que califica. Las inspecciones estuvieron a cargo del registro de la propiedad, la Junta de Inspección Tributaria y la policía nacional.
- Motivos de seguridad. A 263 inversionistas, o 743 personas en total, se les revocó la ciudadanía tras verificaciones posteriores de la policía y de la Organización Nacional de Inteligencia por motivos de orden público o seguridad nacional. En este grupo no se alega fraude.
El ministerio afirmó que las irregularidades consistieron en documentos falsificados o engañosos preparados antes de presentar las solicitudes, y que su propio personal de ciudadanía no tuvo responsabilidad. No indicó a qué años corresponden los expedientes anulados.
Cómo funcionaban los esquemas
La vía inmobiliaria exige una compra por un valor mínimo de US$400,000, que debe mantenerse durante tres años. Los fiscales sostienen que redes organizadas concertaban ventas a precios inflados, respaldadas por informes de tasación inflados, o registraban operaciones en las que el dinero nunca llegó realmente. El resultado era un expediente de ciudadanía que parecía cumplir el umbral cuando la inversión real era muy inferior o inexistente.
El operativo de Estambul, anunciado junto con las cifras, incluyó 72 detenciones en 16 provincias y la incautación de 1,045 inmuebles, un hotel en Bodrum, vehículos, un yate y cuentas bancarias. Los fiscales estimaron en aprox. TL 2.5 mil millones (equivalentes a aprox. US$52.6 millones) las divisas que debieron haber ingresado a Turquía y no lo hicieron. Se iniciaron procedimientos de revocación contra 687 personas vinculadas a ese caso. Según se informó, un operativo anterior, en septiembre de 2025, involucró a 451 inversionistas.
Por qué se ven afectados los familiares
Según la Ley de Ciudadanía Turca n.º 5901, una anulación se extiende al cónyuge y a los hijos que obtuvieron la ciudadanía a través de la misma solicitud. Eso explica cómo 1,413 inversionistas se convierten en 6,134 personas. Los afectados vuelven a la condición de extranjeros y pueden verse obligados a vender sus inmuebles en Turquía en el plazo de un año; lo que no se venda lo vende el Tesoro, que entrega el producto de la venta al propietario.
Los controles son más estrictos que antes
Gran parte de los abusos data de los años en que el umbral era de US$250,000, entre septiembre de 2018 y junio de 2022, cuando subió a US$400,000. Desde entonces, las reglas han cerrado varios vacíos:
- Las inversiones que califican deben realizarse en moneda extranjera y convertirse a través de un banco turco.
- Desde marzo de 2024, las tasaciones con fines de ciudadanía se centralizaron en GEDAŞ, una empresa de tasación propiedad de TOKİ, la agencia estatal de vivienda.
- Desde diciembre de 2024, el registro de la propiedad emite un certificado de determinación del monto generado a partir de esa tasación y enviado directamente a la oficina registral, lo que elimina los informes en papel del proceso.
- Un inmueble que ya se utilizó para una solicitud de ciudadanía no puede volver a utilizarse.
Asesores del sector en Estambul afirman que el tipo de esquema que hoy se está juzgando sería muy difícil de repetir con el sistema actual.
Qué significa si está considerando Turquía
Para un inversionista genuino, la lección principal es que un pasaporte turco se sustenta en la integridad de la compra subyacente, y que el Estado está dispuesto a revisar años después. Las protecciones son prácticas: un inmueble con título libre de cargas, un precio que coincida con la tasación oficial, dinero que circule por el sistema bancario en moneda extranjera, como exigen las reglas, y un respaldo documental completo que se conserve durante todo el período de tenencia de tres años y más allá.
Turquía sigue ofreciendo la ciudadanía al cónyuge y a los hijos menores de 18 años, sin requisito de residencia, mediante un inmueble desde US$400,000 o un depósito, bonos o una inversión en fondos de US$500,000. Ayudamos a nuestros clientes con la solicitud, nuestro equipo local se encarga de la debida diligencia y de la compra, y cotizamos nuestros honorarios por escrito.
¿Va a comprar una propiedad como parte de un plan de residencia o ciudadanía? Nuestro servicio de debida diligencia inmobiliaria revisa el título, la desarrolladora y la tasación antes de que usted se comprometa, para que la compra también cumpla con los requisitos de la visa.
Este artículo es información general, no asesoría legal, fiscal ni de inversión.