Durante años, el mercado caribeño de ciudadanía por inversión ha sido una guerra de precios. Cinco pequeños Estados insulares, todos miembros de la Organisation of Eastern Caribbean States (OECS), el organismo regional que agrupa a nueve naciones y territorios insulares del Caribe oriental, otorgan la ciudadanía a cambio de una contribución o de una inversión aprobada. Todos compiten por el mismo grupo de solicitantes, y las opciones más baratas habían bajado a aprox. US$100,000.
Esa etapa ahora debería terminar. En un Memorando de Acuerdo fechado el 20 de marzo de 2024 y anunciado por el gobierno de San Cristóbal y Nieves el 22 de marzo, los líderes de Antigua y Barbuda, Dominica, Granada y San Cristóbal y Nieves se comprometieron a elevar y armonizar la inversión mínima de todas las opciones de ciudadanía a por lo menos US$200,000, a más tardar el 30 de junio de 2024. Santa Lucía, el quinto país con un programa, aún no lo ha firmado, pero ha expresado su apoyo a esta orientación.
Qué dice el acuerdo
El memorando es breve, pero abarca mucho más que el precio. Sus principales compromisos son:
- Un mínimo común de US$200,000. Un punto clave es que el mínimo se aplica al dinero que el gobierno efectivamente recibe y destina a la solicitud, no al monto nominal que paga el solicitante. Las comisiones y otras deducciones no pueden usarse para dejar la cifra real por debajo del mínimo.
- Intercambio de información. Los países compartirán datos sobre los solicitantes, incluidos los rechazados, a través de un portal regional. Un rechazo en un país debería ser definitivo en todos ellos, de modo que un solicitante no pueda simplemente probar suerte en la isla siguiente.
- Controles de seguridad comunes. Protocolos compartidos para las entrevistas con los solicitantes y para las verificaciones a través de la Financial Intelligence Unit de cada país, la unidad de inteligencia financiera que recibe y analiza los reportes de actividad financiera sospechosa.
- Controles posteriores a la aprobación. Procedimientos para revisar a los nuevos ciudadanos después de que reciben su pasaporte, y cooperación para recuperar los pasaportes que se cancelen.
- Transparencia. Divulgación ante cada Parlamento del dinero recibido y de su uso, además de auditorías independientes.
- Un regulador regional. Una autoridad regional competente, es decir, un organismo compartido con facultades para fijar normas y supervisar los programas, que debía crearse o designarse a más tardar el 30 de junio de 2024.
- Reglas de comercialización. Los agentes ya no podrán vender los programas con la promesa de viajar sin visa ni usar imágenes de pasaportes en su publicidad.
El propio documento se describe como una declaración de intenciones y no como un tratado jurídicamente vinculante. Cada país todavía debe modificar su propia normativa para poner en práctica los compromisos.
Por qué los países actuaron en conjunto
Confluyeron dos presiones. La primera fue el escrutinio externo. En 2023, los cinco países acordaron con Estados Unidos un conjunto de seis principios que abarcan cuestiones como las entrevistas, una verificación de antecedentes reforzada y la prohibición de solicitantes de Rusia y Bielorrusia. El memorando menciona otra reunión con funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Miami en octubre de 2023. La Unión Europea también ha cuestionado si los pasaportes vendidos con poca vinculación con el país debilitan sus acuerdos de exención de visa con la región, y el Reino Unido ha demostrado que impondrá visas cuando perciba un riesgo.
La segunda presión fue interna. Algunos agentes y desarrolladoras ofrecían descuentos que dejaban el costo real de la ciudadanía muy por debajo de los precios publicados. El primer ministro de San Cristóbal y Nieves, el Dr. Terrance Drew, quien preside la OECS, calificó esta venta a precio rebajado como un flagelo para el sector. Afirmó que los programas son demasiado importantes para las economías de las islas como para gestionarse de forma irresponsable. Un mínimo compartido elimina el incentivo de que un país ofrezca precios más bajos que los demás.
Qué cambia para los solicitantes
El efecto más visible es el costo. En varios programas, la vía de donación más barata prácticamente se duplicará antes de que termine junio. San Cristóbal y Nieves ya había subido los precios de su contribución en 2023, por lo que el acuerdo sobre todo acerca a las demás islas a su nivel.
Los solicitantes también deben esperar un proceso más uniforme en toda la región: formularios de solicitud similares, entrevistas como paso estándar y la certeza de que un rechazo en un país será visible para los demás. Es probable que la debida diligencia, es decir, la verificación de antecedentes que se realiza a cada solicitante y a cada familiar adulto, se vuelva más homogénea y, en algunos lugares, más estricta.
Hasta que cada país publique su nueva normativa, aún no se conocen los precios exactos de cada vía según el tamaño de la familia. Se espera que las solicitudes presentadas antes de los cambios se tramiten con las reglas actuales, pero cada gobierno fijará sus propias condiciones de transición.
Qué significa si está considerando la ciudadanía caribeña
Un precio más alto y compartido no es una mala noticia para todos. La ciudadanía barata y con descuentos es precisamente lo que generó críticas en Washington y Bruselas, y un programa percibido como creíble tiene más probabilidades de conservar su acceso para viajar a largo plazo. Para la mayoría de las familias, la solidez del pasaporte importa más que ahorrar decenas de miles de dólares.
Si ya tenía previsto presentar su solicitud, el plazo previo al 30 de junio puede ser relevante, y conviene analizar los tiempos con un agente autorizado. Si apenas está empezando a evaluarlo, tiene sentido comparar las islas una vez que se publiquen los nuevos precios. Acompañamos a nuestros clientes en la solicitud con nuestro equipo local en cada país y entregamos la cotización de nuestros honorarios por escrito antes de comenzar cualquier trabajo.
Este artículo es información general, no asesoría legal, fiscal ni de inversión.