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Panamá · Economía · · 6 minutos de lecturaTres meses de presión estadounidense por la influencia china cerca del canal han dado lugar a una venta prevista de las operaciones portuarias de Balboa y Cristóbal, un nuevo memorando de seguridad y una postura firme de Panamá sobre su soberanía.
Desde enero, el Canal de Panamá está en el centro de la disputa más seria entre Panamá y Estados Unidos en décadas. Washington afirma que la influencia china en torno a la vía interoceánica amenaza el tratado que la rige. Panamá sostiene que el canal es panameño y que no está en discusión. En medio, un conglomerado de Hong Kong acordó en principio vender los dos puertos situados en los extremos del canal a un consorcio encabezado por la firma de inversión estadounidense BlackRock.
Estados Unidos construyó el canal y lo administró durante la mayor parte del siglo XX. En virtud de los tratados de 1977, entregó la vía a Panamá a fines de 1999, y un tratado de neutralidad aparte exige que el canal permanezca abierto a los buques de todas las naciones. Hoy lo administra la Autoridad del Canal de Panamá, una entidad estatal panameña autónoma.
En su discurso de toma de posesión del 20 de enero, el presidente Donald Trump dijo que China operaba de hecho el canal y que Estados Unidos lo estaba “recuperando”. El presidente José Raúl Mulino respondió desde el Foro Económico Mundial de Davos que el canal “no fue una concesión ni una dádiva de Estados Unidos” y que Panamá rechazaba esas declaraciones en su totalidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que Pekín nunca ha interferido en los asuntos del canal.
La preocupación estadounidense se centra en Panama Ports Company, filial de CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong, que opera desde fines de la década de 1990 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. Su concesión se prorrogó por 25 años en 2021 sin una nueva licitación.
El secretario de Estado Marco Rubio visitó Ciudad de Panamá el 2 de febrero, en su primer viaje al exterior en el cargo, y le dijo a Mulino que Panamá debía reducir la influencia china o Estados Unidos actuaría para proteger sus derechos conforme al tratado. Mulino describió la reunión como respetuosa y afirmó que no hubo ninguna amenaza de uso de la fuerza. Descartó cualquier negociación sobre la propiedad del canal, pero anunció que Panamá no renovaría su acuerdo de 2017 para sumarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el programa global de infraestructura de Pekín. La embajada de Panamá en Pekín presentó la notificación formal el 6 de febrero.
Panamá también abrió una auditoría a Panama Ports Company a través de la Contraloría General, el órgano de control financiero del Estado. El 7 de abril, el contralor Anel Flores dijo que la empresa había recibido aprox. US$3.78 mil millones entre 1997 y 2023, mientras pagaba al Estado aprox. US$236 millones; calificó el contrato de leonino y anunció que remitiría el caso a la Procuraduría General de la Nación. Por otra parte, el procurador general de Panamá ha sostenido ante los tribunales que la prórroga de 2021 fue inconstitucional.
El 9 de abril, durante una visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ambos países firmaron un memorando de cooperación en seguridad que permite entrenamientos conjuntos rotativos en antiguas instalaciones estadounidenses como Rodman, Howard y Fort Sherman. También acordaron avanzar hacia un mecanismo por el cual los buques de guerra estadounidenses transitarían primero y sin costo neto: Panamá seguiría cobrando los peajes y luego compensaría a Estados Unidos, un esquema que el ministro para Asuntos del Canal describió como un sistema de compensación por servicios. El ministro de Seguridad de Panamá afirmó que el país no puede aceptar bases militares estadounidenses y que no ha cedido soberanía sobre el canal ni sobre las áreas circundantes.
El 4 de marzo, CK Hutchison anunció un acuerdo preliminar para vender el 80% de su negocio portuario internacional, 43 puertos en 23 países, a un consorcio formado por BlackRock, su brazo de infraestructura Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited, el operador de terminales del grupo naviero MSC. El consorcio también se quedaría con el 90% de Panama Ports Company. La operación valora el negocio en US$22.8 mil millones, deuda incluida, y CK Hutchison espera recibir más de US$19 mil millones en efectivo. Los puertos de Hong Kong y de China continental quedan excluidos.
La venta no está cerrada. El regulador de mercado de China anunció el 28 de marzo que revisaría la transacción por motivos de competencia, y Reuters informó que CK Hutchison no firmaría los acuerdos definitivos en la fecha prevista originalmente, el 2 de abril, aunque las conversaciones continuaban. El gobierno de Panamá también debe aprobar el cambio de control de la concesión panameña.
El canal en sí no cambia de manos, y nada de lo ocurrido en los últimos tres meses ha modificado quién lo opera. Sigue siendo el pilar de las finanzas públicas: en el año fiscal cerrado en septiembre de 2024, la Autoridad del Canal aportó más de US$2.47 mil millones directamente al Tesoro Nacional. Las instituciones panameñas han respondido mediante auditorías, tribunales y diplomacia, y el gobierno ha mantenido el diálogo abierto tanto con Washington como con Pekín.
Las preguntas pendientes son comerciales y legales: quién terminará operando los dos puertos, si la concesión sobrevive a la auditoría y a las impugnaciones judiciales, y cómo quedará redactado finalmente el esquema para los buques de guerra. Para la mayoría de los residentes e inversionistas, la vida diaria y la economía dolarizada no se ven afectadas. Para las empresas de logística, puertos y servicios marítimos, son novedades que conviene seguir de cerca.
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Este artículo es información general, no asesoría legal, fiscal ni de inversión.
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